Con el nombramiento de un nuevo Procurador General de la Nación, el Ejecutivo completa un ciclo de designaciones que se espera sean trascendentales en el ámbito de la administración de justicia en el país.
Esta vez, no solo se ha dado curso a lo dispuesto en nuestra Constitución Política, que reserva dicha facultad para el presidente de la República, sino que ha tenido lugar con procedimiento similar al observado con la designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia, es decir, acompañando dicha facultad de un proceso técnico y profesional de selección que ha devenido en la aprobación general del nuevo jefe del Ministerio Público.
La forma en que se han producido las designaciones mencionadas establece un precedente que difícilmente podrá ser ignorado por los gobernantes siguientes. Y es que confirma que cuando existe voluntad política y determinación personal es posible responder al interés general y, a la vez, impulsar las grandes transformaciones que imponen las realidades de nuestro país. En los casos aludidos se trata nada menos que de reencaminar la justicia hacia la recuperación de la confianza, el respeto y la credibilidad en todas sus instancias de su gestión.
Para esto, al Procurador General le compete una responsabilidad especial, puesto que en su esfera de acción confluyen casos que tienen que ver con temasde gran sensibilidad para el Estado y el interés público, por lo que está llamado a diligenciar, hasta su culminación plena, investigaciones de alto perfil para identificar responsables y, por sobre todo, impedir que la impunidad se arraigue entre nosotros como una enfermedad terminal.
Tal es el reto que enfrenta el nuevo funcionario, capacitado para la tarea en virtud de su trayectoria profesional y conocimiento especial de nuestrosistema de administración de justicia. En resumen, un desafío que recoge las expectativas de la sociedad acerca del destino del Estado de Derecho y la certeza del castigo en nuestra nación.
Jorge Juan de la Guardia
Presidente CCIAP
